El Gobierno de Libia anunció la noche del pasado lunes que pedirá a la Justicia internacional sanciones contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por sus continuos intentos por asesinar al líder libio, Muammar Al Gaddafi, y a algunos de sus familiares.La declaración, reseñada por la prensa en el país del norte de África, fue emitida por el Ministerio libio de Justicia en respuesta a la Corte Penal Internacional (CPI) que ordenó el pasado lunes el arresto de Gaddafi, su hijo Saif al Islam, y su cuñado Abdulá al Senusi, actual jefe de Inteligencia Militar de Libia, por supuestos crímenes de lesa humanidad.

El documento señala que la CPI sirve de “cobertura para operaciones de la OTAN que intentó en más de una ocasión eliminar físicamente al líder de la Revolución (Gaddafi) y a sus familiares”, acciones que la instancia de Justicia libia califica de “crímenes de guerra”.

“Libia perseguirá judicialmente a la OTAN por esos delitos”, reza la declaración.

Asimismo, el Ministerio libio de Justicia recordó que la nación árabe sigue sin ratificar el Estatuto de Roma de 2002 y no reconoce por tanto la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Calificó a dicho organismo como “herramienta de chantaje político creada exclusivamente para arrodillar a las naciones del Tercer Mundo”.

El enviado especial de teleSUR a Libia, Rolando Segura, informó a través de su cuenta en Twitter @rolandoteleSUR, que el ministro de Justicia libio, Mohamed Al Qamudi, reiteró que esta instancia "no tiene jurisdicción sobre Libia".

El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, afirmó en mayo pasado que Muammar Al Gadafi, Saif al Islam y Abdulá al Senusi “están directamente implicados” en represalias contra civiles.

Las protestas antigubernamentales que estallaron en Libia en febrero pasado derivaron en un conflicto armado entre las fuerzas leales a Gaddafi y los rebeldes que demandan su dimisión.

Con el pretexto de proteger a la población civil, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) autorizó en marzo el embargo sobre el suministro de armas a Libia, una zona de exclusión aérea sobre su territorio y otras medidas que allanaron el camino a la intervención militar de una fuerza multinacional que actúa bajo el mando de la OTAN.

El pasado 1 de junio, la Alianza Atlántica decidió prolongar su operación en Libia por 90 días como mínimo, al tiempo que ha intensificado los bombardeos aéreos para “proteger” a la población civil libia.