Proyecto Parte Alta

Desde ayer entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 261, mediante el cual se reformó el Reglamento General de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. El documento, suscrito el  27 de febrero, fue publicado en el Registro Oficial No. 146.
El decreto es cuestionado por los gremios de productores de camarón y de peces en cautiverio, porque establece -según ellos- aspectos que afectan el sector. Por ejemplo, en el artículo 3 se prohíbe que los acuicultores se vinculen para tener más hectáreas que las permitidas.
Según el reglamento, las personas naturales pueden tener solo hasta 50 hectáreas y las empresas hasta 250 hectáreas.
“Esto coarta la libertad de desarrollo, frena el trabajo, destruye la asociatividad”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, en la reunión que tuvieron los representantes del sector el pasado lunes en Guayaquil.
También se cuestiona el artículo 6 del documento, el cual determina que las comunas que reciban del Estado las piscinas camaroneras ubicadas en terrenos revertidos no pagarán compensación por la infraestructura instalada.
Sin embargo, el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, aclaró ayer que el Decreto  261 no creó estas exigencias, pues están vigentes desde el año 2002 -cuando se aprobó el  Reglamento General de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero-.
Afirmó que el Gobierno solo ha introducido mejoras. En el caso  de la extensión de las camaroneras, Centanaro explicó que los límites fueron establecidos hace 8 años y que lo nuevo es la prohibición de vincularse. “Esto para evitar oligopolios y para garantizar el acceso a la tierra a otras personas”, indicó.
El funcionario resaltó que ser familiar no significa vinculación. Por ello, aclaró que sí existen hermanos dueños de camaroneras, que en conjunto representan más de 50 hectáreas, pero que tienen documentos de operación por separado, eso no es causal para quitarles parte de los terrenos productivos.
Además, explicó que los límites de extensión solo se aplican a los productores que tienen sus instalaciones en las zonas de playas y bahías, es decir en hectáreas concesionadas. Los que realizan la actividad en terrenos privados no tienen limitaciones.
Aunque el capitán Diego Rodríguez, de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), indicó que se deben recalificar las hectáreas productivas, porque algunas están registradas como  tierras altas (privadas) cuando están ubicadas en zonas de playas y bahías.
En el otro punto, Centanaro indicó que desde 2002 consta que las inversiones realizadas en hectáreas revertidas al Estado por incumplimiento no serán compensadas. Por ello, resaltó que el reciente decreto lo único que hace es determinar que si las tierras van a una comuna, esta no pagará ningún  valor  al Estado.
“El decreto no es inconstitucional. Lo único que se hace es buscar la equidad, proteger al trabajador, terminar con los oligopolios y evitar el acaparamiento de tierras”, afirmó.
Según la Subsecretaría, con este proceso no se perderán las zonas acuícolas productivas, pues las tierras continuarán   con la actividad, pero en otras manos.
Pese a estas aclaraciones, el sector acuícola está  inconforme con el decreto e insistió en una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, para explicarle los efectos negativos de las reformas.
Ayer, el sector productivo realizó una protesta  en los exteriores del edificio del Gobierno del Litoral.