El sector busca reunirse con el Presidente de la República para explicarle los efectos de las reformas.
La propuesta es unánime: derogación o modificación de los artículos más polémicos del Decreto Ejecutivo Nº 261, del pasado 27 de febrero, que reforman al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.
Así lo anunciaron ayer decenas de pequeños y medianos gremios acuícolas de Manabí, Esmeraldas, Guayas y El Oro, que se reunieron en la sede la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), en Guayaquil, para expresar su inconformidad a los cambios planteados en el decreto.“No entendemos cómo se decretan cosas contra este sector, sin socializarlo”, enfatizó Christian Fontaine, presidente de la Cooperativa de Productores de Camarón de Pedernales, quien mencionó que sus integrantes están “indignados” por este documento, que ha ocasionado que haya desinterés en continuar con el proceso del regularización de la actividad.
Mediante Decreto Ejecutivo 1391, de octubre de 2008, se ordenó que los propietarios de camaroneras debían regularizar su situación. El plazo vence el 31 de este mes.
En El Oro, la postura es similar. La posible desaparición de cientos de pequeñas camaroneras es el tema que más preocupa.
Y esto porque las reformas hechas al reglamento lesionan y truncan el desarrollo de toda la cadena acuícola, dijo Segundo Calderón, titular de la Asociación de Productores de Camarón de El Oro.
Calderón se refirió -en entre otros puntos- al artículo 3 del decreto presidencial, que señala el límite de extensión productiva de 50 hectáreas para personas naturales y 250 para personas jurídicas.
Aquí, lo polémico pasa por la prohibición de vincularse con otras personas o empresas para conseguir una extensión mayor a la señalada.
“Esto coarta la libertad de desarrollo, frena el trabajo, destruye la asociatividad... Lo común es que parientes y amigos desarrollen labores similares, sin que esto sea un delito ni causa de confiscación de los bienes”, César Monge, presidente de la CNA.
El empresario mencionó que esto no solo afectará a las concesiones estatales, sino a las camaroneras ubicadas en tierras altas, que son de propiedad privada, quienes quedarían prohibidos de seguir invirtiendo en la actividad.
En las empresas de larviculturas también existe preocupación. Fabián Escobar, titular de la Asociación de Laboratorios de Larvas de Santa Elena, comentó que espera que los temas de mayor interés sean rectificados, a fin de impedir que esta industria desaparezca.
Ante estas situaciones, el sector busca reunirse con el presidente de la República, Rafael Correa, para explicarle los posibles efectos negativos que tendría este decreto, luego de que sea publicado en el Registro Oficial.
“Nosotros queremos hablar directamente con él, sin asesores, sin ministros, para que entienda y nos explique qué es lo que está pasando, por qué nuestro derecho al trabajo se está mermando”, enfatizó Miguel Uscocovich, representante de la Asociación de Camaroneros de Bahía de Caráquez.
Aunque el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, dará hoy una rueda de prensa, a las 10:00, en el Ministerio del Litoral, para explicar el porqué de estas reformas, la semana anterior -dijo a este medio- que estas modificaciones buscan “terminar con los monopolios y beneficiar a los que no tienen terrenos”.
